La Comunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de la Amazonía (CONGA) que agrupa a cinco prefectos de esta región del país, respaldan la decisión de 34 juntas parroquiales de presentar una demanda en contra del presidente Rafael Correa por el presunto delito de odio y segregación.
El prefecto de Pastaza, Antonio Kubes advierte que estas Juntas no reciben del Estado el 3% de los ingresos que percibe a su vez el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), para el financiamiento de obras de infraestructura.
Desde hace seis meses, las juntas parroquiales rurales reclaman la transferencia a través del Banco del Estado, el pago de aproximadamente 3 millones de dólares.
Las autoridades consideran que existe un acto discriminatorio que estaría configurado como delito de odio, y por tanto se emprenderá en una demanda de acción constitucional, y en el ámbito administrativo y penal.
Los prefectos tendrán el apoyo legal de la organización no gubernamental “Serpas”. “Es una organización que nos apoya en temas de xenofobia y racismo”, detalló el prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi. La demanda en contra del jefe de Estado se concretaría en los próximos 15 días.
El CONGA además está integrado por los prefectos de Zamora Chinchipe (Salvador Quishpe), de Orellana (Guadalupe Llori), de Morona Santiago (Marcelino Chumpi), y Sergio Chacón (Napo).