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CAPACITAN A FUNCIONARIOS JUDICIALES EN USO DE BRAZALETES ELECTRÓNICOS



Cerca de 200 personas tienen arresto domiciliario en el país dentro del sistema penitenciario y para que cumplan su pena son vigiladas, cada una, por tres policías lo cual implica un gasto en recursos humanos y económicos para el Estado, sin embargo, esto cambiará con la implementación de los brazaletes electrónicos.


Para la correcta aplicación de este mecanismo tecnológico, este 19 de septiembre, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, y la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, firmaron un convenio de cooperación con el fin de capacitar a los servidores judiciales en el uso y funcionamiento de los mencionados dispositivos.


El titular de la Judicatura consideró que los brazaletes electrónicos “son medios para asegurar la comparecencia de un procesado a juicio, para proteger a la víctima de un agresor potencial o real y para que funcione un sistema de justicia en el máximo desarrollo de la protección de garantías constitucionales”.

Asimismo, explicó que la Escuela de la Función Judicial (EFJ), con el material académico respectivo, emprenderá en los próximos días la preparación de aproximadamente 1200 personas, entre jueces (de Garantías Penales y Penitenciarias; de Violencia Intrafamiliar, Multicompetentes), secretarios, fiscales y defensores públicos.

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“Se trata de una capacitación enfocada en el marco legal de cuándo procede el uso de esta tecnología y cuándo es obligatorio y facultativo para el juez otorgarla; de acuerdo a qué condiciones se debería permitir su uso; y cuál es el nivel de coordinación operativa que se debe mantener con los equipos del Ministerio de Justicia, que opera el sistema”, dijo.

El uso del brazalete electrónico se aplicará como una medida de protección a favor de la víctima; en caso de personas procesadas por delitos menores; mujeres embarazadas; personas mayores de 65 años; quienes padecen enfermedades terminales o catastróficas; y para los que han cumplido más del 60 % de la pena.

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La ministra Zúñiga señaló que se adquirieron 4000 dispositivos, además de la plataforma de monitoreo, a un costo de 14 millones de dólares. “Es una innovación de nuestra normativa penal vigente, que permite y facilita la rehabilitación social y la reinserción; y garantiza la medida de prisión como de última instancia; y reduce el hacinamiento y los costos”, señaló.

De esta manera, se cumple la Disposición Transitoria Décima Novena del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, pondrá en funcionamiento estos dispositivos de vigilancia y su respectiva plataforma.

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