Una operación interinstitucional entre las fuerzas especiales de la Policía Nacional, Ministerio de Justicia y la Fiscalía dejó como resultado 51 detenidos en el denominado “Operativo Victoria”, que desarticuló una presunta banda de extorsionistas que habría estado operando a nivel nacional. Se presume que el líder de la organización delictiva permanecía en Cuenca.
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En esta red de extorsión, cuyo centro de operaciones, según la Fiscalía, se ubicaría en el Centro de Rehabilitación Social, CRS, Sierra Centro Sur Turi, CRS Turi, estarían inmersos integrantes del personal administrativo y agentes de seguridad, familiares de los privados de la libertad, PPL, que habrían solicitado pagos ilegales y los PPL, presuntos integrantes de la organización.
Esta red amenazaba a los internos con hacer daño a sus familiares, y para no hacerlo exigían sumas de dinero.
Cuenca La madrugada de ayer, a las afueras de las instalaciones del CRS Turi, el personal policial se organizó para ingresar con equipo de allanamiento y herramientas para cortar metal. Pasadas las 00:30 recibieron órdenes y actuaron. Al operativo tuvo acceso únicamente el personal de seguridad.
Si bien la operación se realizó de forma simultánea en siete provincias, dos operativos recibieron una denominación especial: “4 Ríos” en Cuenca y “Regional” en Cotopaxi, dirigidos por la fiscal provincial de Pichincha, Thania Moreno. Como resultado hubo 28 detenidos.
De estas detenciones, 22 corresponden al operativo en esta ciudad, incluida la detención de alias “Pipo”, presunto cabecilla de la organización delictiva, a quien se le encontró depósitos bancarios y un número aún no cuantificado de teléfonos celulares.
Datos En total, 27 fiscales y 38 secretarios de la Fiscalía Provincial de Pichincha intervinieron en la operación nacional por el delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de extorsión económica a familiares de los PPL.
Las diligencias se realizaron en las provincias de Azuay, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Pichincha y Tungurahua, y contaron con la autorización de las autoridades competentes y las boletas emitidas por los respectivos jueces.
Según las investigaciones, los familiares de los PPL debían pagar montos de dinero semanal y mensual, según su situación económica, para asegurar la integridad física de sus seres queridos detenidos en los centros de rehabilitación social del país.
Las cuantías oscilaban entre los 10 dólares semanales para los procesados con mínimos recursos económicos; para la familia de quienes tenían un poco más, el monto de la extorsión subía a 500 dólares; y para aquellos que eran señalados por la organización como de mejor posición económica, el pago requerido era de 1.500 dólares semanales.
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/sucesos/9/408967/lider-de-extorsionistas-operaba-desde-cuenca