A la hora de tejer alianzas electorales, el Partido Social Cristiano no parece tener sangre en la cara. Al menos no mucha. No la tuvo hace unas semanas para candidatizar a la Prefectura del Guayas al ex correísta Carlos Luis Morales y no la tiene ahora para llegar a un acuerdo en Manabí con el movimiento del prefecto de esa provincia, Mariano Zambrano.
Si cuando escogió a Morales lo hizo a costa de Doménica Tabachi, a pesar de todas la deuda que ese partido tiene con ella por su lealtad y militancia, en el caso de Zambrano lo hace haciéndose de la vista gorda de todos los problemas legales y conflictos éticos que tiene el prefecto de Manabí. En ambos casos casos el PSC piensa primero en la rentabilidad electoral de Morales y Zambrano y tira al canasto las consideraciones de ética pública.
Según el acuerdo al que se llegó con el movimiento Unidad Primero de Zambrano, el PSC y sus nuevos aliados sostienen que han decidido que “en las próximas elecciones seccionales de marzo de 2019 vamos a concurrir a las urnas mancomunadamente, para alcanzar el desarrollo económico y social integral de Manabí”. También dice el acuerdo, y mucho ojo con esto, que “seguiremos respaldando al gobierno constitucional que preside el licenciado Lenín Moreno Garcés, de tal manera que se haga posible el respeto de los derechos humanos, el progreso, bienestar y la paz de la República”.
Para llegar al entendimiento, al PSC no le importó que Zambrano y su hijo se encuentre en estos momentos bajo un proceso de indagación previa que la Fiscalía abrió en su contra por acusaciones de asociación ilícita y delincuencia organizada. Tampoco le importó que la Contraloría haya redactado un informe con indicios de responsabilidad civil y otro con indicios de responsabilidad penal en el que afirma que el prefecto de Manabí hizo negocios durante la década ganada por más de 50 millones de dólares que no han sido justificados. Tampoco que la Fiscalía de Manabí haya iniciado otra investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, a partir de un informe emitido el 29 de marzo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS.
Si bien es cierto que Zambrano no ha sido procesado judicialmente aún y, peor sentenciado por las cosas de las que se le acusa, lo cierto es que se trata de un caso que está bajo investigación y cuyo resultado puede afectarlo. Zambrano carga sobre sus espaldas denuncias muy serias que incluyen, entre otras: algunas sobre contratos que una de sus empresas firmó con el correato para el abastecimiento de combustible para la central Jaramijó por 18.6 millones de dólares y provisión de servicios de transporte marítimo de combustible para la central térmica Gonzalo Zevallos, de Electroguayas, por 7,6 millones.
Zambrano tiene sus orígenes en el socialcristianismo, pues fue asambleísta constituyente por el PSC. Pero también es cierto que se convirtió, desde muy pronto, en un aliado incondicional de Rafael Correa y en pieza clave en la operación política del correísmo en Manabí, sobre todo en las últimas elecciones presidenciales donde esa provincia fue la que dio el triunfo al actual presidente Lenín Moreno. Durante el gobierno de Correa sus negocios crecieron exponencialmente, como lo afirma la Contraloría y el CPCCS.
Es evidente que al momento de llegar al entendimiento con Zambrano, el PSC pensó mucho más en la posibilidad de un buen resultado electoral en Manabí, ya sea en las elecciones seccionales del 2019 y presidenciales del 2021, que en las implicaciones que tiene aliarse con alguien sobre quien pesa una investigación por casos de corrupción. Algo parecido a lo que hizo CREO, de Guillermo Lasso, con ciertos candidatos a asambleístas por Tungurahua que terminaron enredados en el tema de Odebrecht.
Pero si el PSC calcula ganar electoralmente aliándose con un cacique en Manabí, ¿qué gana Zambrano aliándose con el PSC? Por lo que se ve en la segunda parte del acuerdo firmado por Zambrano y el PSC es evidente que se trata de una alianza que incluye el respaldo a Lenín Moreno. No es nada difícil imaginar, entonces, que Zambrano podría estar pensando que, al tenderle la mano al socialcristianismo, podría también beneficiarse de la protección del gobierno de Moreno. Y aunque se supone que en el país hay independencia de poderes, siempre se asume que la protección de un gobierno es clave para casos como los que Zambrano tiene pendientes en la Fiscalía. Se trata, entonces, de un entendimiento ganar-ganar en el que socialcristianos y Zambrano tienen réditos efectivos. En las urnas y en los tribunales.
¿Y el gobierno? Es bastante evidente que, coincidencia o no, el acuerdo entre socialcristianos y Zambrano, que incluye la defensa del régimen, se firmó casi al mismo momento en que Moreno y Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y máximo líder del socialcristianismo, se reunían en la casa de asambleísta de ese partido en Guayaquil. Y vaya que sí, un acuerdo en el que un cacique como Zambrano y una fuerza nacional como el socialcristianismo se compromenten a defender al gobierno es, sin duda, de mucha y gran ayuda para Moreno. En resumen el país está ante un atractivo y suculento ménage à trois.