El delito fue cometido en la parroquia Daniel Córdova, del cantón Gualaceo en 17 de Marzo del 2018. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de otro individuo que habría participado en la agresión sexual a una niña.
El sentenciado, junto al otro ciudadano, ingresó al domicilio de la menor para violentarla sexualmente.
Por falta de fundamentación, la Sala de Garantías Penales del Azuay, presidida por la jueza ponente Jenny Ochoa, declaró desistido el recurso de apelación presentado por Juan Manuel L. y ratificó la sentencia emitida en su contra –29 años y cuatro meses de privación de libertad– por la violación a una adolescente de 12 años.
En la audiencia de apelación, del Martes 10 de Septiembre, los jueces también confirmaron que el sentenciado deberá cancelar tres mil dólares como reparación integral a la víctima.
La fiscal Elizabeth Valarezo dirigió la investigación, que tuvo como resultado que en Junio de 2019, durante la audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay impusiera sentencia condenatoria a Juan Manuel L., tras haberse demostrado que el 17 de Marzo de 2018, él y otro ciudadano –que tenía cubierto su rostro con una capucha– ingresaron al domicilio de la víctima, ubicado en el cantón Gualaceo, donde la violentaron sexualmente.
La mamá de la víctima se encontraba cerca del domicilio y, al escuchar los gritos, corrió para auxiliar a su hija. Luego la trasladó hasta el hospital del cantón.
El testimonio de la víctima, quien reconoció al agresor, sumado a los testimonios de su mamá, del agente de Policía que investigó el caso y de una vecina que vio al sentenciado por el sector (antes y después del hecho) sustentaron la acusación.
Además, Fiscalía presentó los testimonios de dos funcionarios del hospital, que realizaron la valoración médico-legal a la menor y concluyeron que fue víctima de agresión sexual, y los testimonios de dos funcionarias de la Fiscalía, que practicaron las pericias psicológica y de entorno social.
La Fiscalía lleva a cabo las diligencias investigativas para identificar al otro ciudadano que habría participado en el hecho.
