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EL CIUDADANO: SENAIN DEMOSTRÓ QUE SE INVESTIGA BAJO DISPOSICIONES CONSTITUCIONALS Y LEGALES


Quito (Pichincha).- A la sede de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) la llamaron “búnker”. La oposición y la prensa usaron ese apelativo para pintarla como secreta, oscura, inexpugnable, desde donde se articulaba un espionaje a cualquiera que piense distinto al Gobierno.


Pero las denuncias de la oposición son como castillos de naipes y en pocos días se comprobó la falsedad. A la prensa de oposición no se le hizo difícil encontrar cuánto costó esa propiedad de Lumbisí, la cual perteneció a los exbanqueros Isaías protagonistas de la peor crisis económica del país.

Tampoco les fue complicado verificar cómo estaba distribuida administrativamente o cuántas investigaciones se realizaron. Para despejar las dudas del trabajo de la Senain se abrieron las puertas a la prensa, en una decisión que no tiene comparación en la historia del país y tampoco en el exterior.

_AUR0120mjEsta mañana más de 50 reporteros de la mayoría de medios de comunicación llegaron hasta la sede de Lumbisí. Carolina Espinosa, subsecretaria de la entidad, explicó en detalle el trabajo que cumple la Secretaría. La entidad nació en julio de 2009 con la Ley de Seguridad Pública. Hasta ese año, los trabajos de investigación eran manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia, que dependía del Consejo Nacional de Seguridad. Esta Dirección tenía una línea de trabajo heredada de la Guerra Fría, daba lo mismo investigar al crimen organizado que a los actores políticos y sociales.

Bajo estos principios, el Sistema de Inteligencia fue susceptible a la influencia de países externos. En el ataque a Angostura (marzo 2008) quedó en evidencia que grupos de operaciones de Inteligencia de la Policía y el Ejército dependían, por ejemplo de la Embajada de Estados Unidos, e informaban de su trabajo a este país y otras naciones.

Eso cambió con la Ley de Seguridad. El principal objetivo de la reforma fue crear un Sistema Nacional de Inteligencia con perfil ciudadano, desde entonces se sumaron expertos civiles a estas tareas. También se articuló en un solo organigrama las unidades de investigación de Policía, Fuerzas Armadas, entidades de control y otras que ayuden a prevenir los crímenes. En la que fue la mansión de los Isaías ahora civiles, militares y policías trabajan 24 horas al día para prevenir los delitos.

Las interceptaciones son ordenadas por los jueces

El recorrido por las instalaciones de la Senain tuvo su punto central a la entrada del “Proyecto Soberanía”. Así llamó el Gobierno el plan para adquirir equipos y tecnología para luchar contra el crimen organizado. Antes, nuestros policías debían solicitar prestados equipos para poder interceptar comunicaciones de bandas de narcotráfico, trata de personas, secuestro y otras.

Luego de la compra de estos equipos, el Gobierno decidió que esas instalaciones fueran manejadas por la Fiscalía y la Policía Judicial. De esta manera, la Fiscalía, con la ejecución del “Proyecto Soberanía”, tiene una autonomía financiera, administrativa y logística de la Senain. Y aunque funcionen en sus mismas instalaciones, en ese espacio dispone la Fiscalía.

La seguridad para ingresar a estas oficinas es estricta no se permite el uso de celulares ni otro dispositivo que sirva para extraer información. Tampoco el registro en video o fotográfico de sus trabajadores, esto se debe cumplir para cuidar su integridad. En este lugar se inician las investigaciones contra las bandas más peligrosas del país. El fiscal encargado del “Proyecto Soberanía” explica que para iniciar cualquier interceptación telefónica o electrónica se requiera de la aprobación de un juez.

En países como Colombia, este aval lo da directamente el fiscal, pero para tener más garantías constitucionales ninguna escucha o interceptación se realiza sin tener el permiso de un juez. Para demostrar que sus palabras son ciertas, el fiscal pide a un reportero que escoja al azar cualquiera de las 490 investigaciones realizadas. En todas ellas se encontrará la orden de un juez para garantizar el respeto a las normas.

Las interceptaciones a las comunicaciones están reguladas por la Constitución, por el Código Penal y por el Reglamento para la Implementación del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica. En cada uno se detalle con exactitud los alcances de estos procesos de seguimiento que son reservados para no perder detalles de la investigación y mantener la integridad de sus miembros.

Por ejemplo, este proceso reservado no puede extenderse más de 180 días para delitos comunes y un año para delitos que se relacionen con el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, secuestro, minería ilegal, entre otros).

Luego de la revisión del Fiscal, cada caso pasa a ser tratado por analistas de la Policía Judicial, que se encuentran en las mismas instalaciones del “Proyecto Soberanía”. Ellos también deben cuidar las normas que vigilan el debido proceso y cada uno de sus trabajos es monitoreado.

Desde estas oficinas se ayuda con información relevante a todas las unidades especiales de la Policía contra el delito, como: Dirección General de Inteligencia (DGI), Antinarcóticos, la Unidad contra el Crimen Organizado (ULCO). Gracias a esta labor se encontraron a los prófugos de la cárcel La Roca, que eran miembros de las bandas más peligrosas del país y también desarticularon poderosas redes del narcotráfico en los operativos “Eslabones”.

La visita a las oficinas de la Policía Judicial fue la última etapa del recorrido. El objetivo de aclarar cómo trabaja la Senain se cumplió, aunque la oposición seguramente la seguirá llamándola el “búnker” . / CIT El Ciudadano

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