Hacia el año 2013 Coopera se mostraba como una cooperativa financiera confiable, con sietes edificios, emprendimientos comunitarios, supermercados, 126.808 socios y un gerente galardonado. Hoy, dos años después de su cierre, el brillo de la cooperativa se ha transformado en una penitencia para sus acreedores.
En dos años los edificios cambiaron de dueño, los bienes que se encontraban en sus modernas instalaciones se convertirán en chatarra y 554 exsocios, a más de proveedores y empresas que confiaron en la institución, son acreedores de una deuda impagable.
La historia del colapso quedó grabada en la memoria de quienes el 12 de junio del 2013 revivieron el drama de la crisis bancaria de 1999 al conocer que la institución financiera a la que le confiaron sus ahorros iniciaba su disolución.
La institución lleva dos años en liquidación. Diego Aguilar, liquidador de la entidad, sostiene que el saldo es positivo. Se ha pagado al 99,7 por ciento de los despositantes en dos años, “cuando en la crisis financiera hubo bancos que demoraron hasta 20 años en su proceso de liquidación”, asegura.
La visión de quienes aún no han cobrado todo su dinero es distinta. “Hasta que todos recuperen lo que perdieron en Coopera, no habremos logrado nada”, sostiene Gustavo Quito, abogado de un grupo de perjudicados.
Los hechos
Aunque la disolución de Coopera inició el 12 de junio del 2013, los síntomas de que la entidad tenía problemas se empezaron a detectar meses antes. En marzo del 2013 la Secretaría de Economía Popular y Solidaria, SEPS, encontró movimientos inusuales de 31 millones de dólares en 16 cuentas que empezaron a ser investigadas por la Fiscalía. El 7 de junio la SEPS allanó las instalaciones de Coopera en San Joaquín y detuvo a dos directivos. El 11 de junio se detuvo a un tercer funcionario y un día después se anunció la disolución.
El colapso no terminó allí. Decenas de empleados que fueron notificados de su despido recibieron la noticia entre lágrimas. El 1 de julio los acreedores con menos de 10.000 dólares en la institución respiraron un poco más tranquilos con el inicio de la devolución de sus fondos. Cinco fases de pago se han desarrollado desde entonces y aún se debe alrededor de 26 millones de dólares.
Dos huelgas de hambre, marchas, un pedido de revocatoria de mandato para asambleístas del Azuay, detenciones y la muerte por causas naturales de siete socios sin haber recibido el total del dinero depositado marcaron el drama humano detrás de las cifras.
Los perjudicados exigen justicia mientras avanzan los procesos investigativos. Cinco personas fueron sentenciadas por el caso de peculado y dos por el de lavado de activos, delito por el cual se investiga a seis personas más. De todos los sentenciados, una persona ha sido encontrada culpable en los dos procesos.
Los venezolanos Luis C., Yavi C. y José M. aún escapan a la justicia ecuatoriana. Yavi C. debe presentarse cada 15 días a un juzgado venezolano, mientras la embajada ecuatoriana tramita su extradición desde abril del 2015, sin éxito hasta ahora. Al menos dos ecuatorianos más están prófugos.
Coopera hoy
Pagadas las deudas al 99,7 por ciento de los acreedores, el liquidador se concentra en entregar al menos parte de sus fondos al 0,3 por ciento restantes. En total, 554 personas no han recibido la totalidad de su dinero.
Llama la atención de Diego Aguilar que entre los beneficiados del último corte hay 145 personas que no se han acercado a cobrar, que en conjunto suman 300.000 dólares.
“Le deuda es impagable”, sostiene y repite Diego Aguilar. Las acciones se concentran en cobrar la cartera vencida de 6.000 créditos, 3.000 de ellos “prácticamente incobrables”. El monto de la cartera vencida asciende a 8,5 millones de dólares. Entre los deudores hay 514 personas de las que no hay ningún rastro.
También se busca vender tres inmuebles en Naranjal y Taura por 1,5 millones de dólares, chatarrizar los artículos que no han sido comercializados en la venta de saldos y “pagar hasta donde se pueda”.
No hay fecha para que esta operación termine. Se cobrará mientras las operaciones para lograrlo no representen un costo mayor que el dinero recuperado. Mientras tanto los socios esperan y desesperan, los proveedores pierden la esperanza de cobrar lo que se les debe y la justicia continúa juzgando y buscando a los culpables de la debacle de la cooperativa que alguna vez fue considerada exitosa. (JPM) (I)
Actos de perjudicados
Hoy a las 09:30 en el salón del edificio de la Unión Nacional de Educadores, UNE, Núcleo del Azuay, los perjudicados de Coopera darán una rueda de prensa sobre los dos años de cierre de la Cooperativa.
A las 11:30 cumplirán una marcha que saldrá del edificio de la UNE del Azuay y se dirigirá hacia la Catedral Nueva en donde a las 12:00 se celebrará una misa en honor a los exsocios de Coopera que han fallecido desde el 2013 por enfermedades.
A las 13:00 se cumplirá en la sede de la UNE el lanzamiento de un documental en el que se recopilan testimonios y la historia de los perjudicados desde el cierre de la cooperativa hasta la actualidad. (I)
Claves del colapso de la cooperativa Coopera
Cuando la SEPS intervino a Coopera en marzo del 2013 encontró un inventario inflado en 17 millones de dólares.
La cooperativa adquiría más mercadería de la que lograba vender. Según el liquidador de Coopera, Diego Aguilar, cada día se generaban en promedio 16 volquetas de desperdicio orgánico.
En la intervención que hizo la SEPS se encontró que los productos se vendían en precios iguales o menores a los que eran adquiridos.
Coopera gastaba más de lo que podía. La cooperativa tenía 1.200 trabajadores cuando, según el liquidador, podía funcionar con un máximo de 300 empleados.
Se compraron bienes inmuebles y se pagaron arriendos con precios superiores a los reales, en ocasiones hasta a tres veces su precio de mercado, según el liquidador.
Desde el 2009 al 2012 la cooperativa perdió 2.129.055 de dólares porque no recuperó préstamos pagados con cheques posfechados, debido a que luego resultaban protestados o porque no se cobraban. Los directivos tenían gastos exagerados, explicó el liquidador. En cuatro años, el exgerente de Coopera tenía 500.000 dólares asignados para gastos de representación, se le pagaba el arriendo de dos departamentos, viajes al extranjero y compra de vehículos.
Además, Coopera emitió vales a los que llamó UDIS, una especie de moneda alternativa por la cual el cliente obtenía 10 dólares, pero solamente pagaba ocho. (I)
Cuenca. www.eltiempo.com.ec