La Fiscalía de Cañar investiga si en nombre de ella, organizaciones estarían actuando al margen de la ley.
En los próximos días, la Fiscalía del Cañar podría tomar una decisión jurídica respecto a 10 denuncias por secuestro, en contra de algunos comuneros, las que al momento están en etapa de investigación, con el fin de reunir los elementos de convicción que determinen o no la existencia del delito en mención.
Son denuncias de personas que se creen perjudicadas por la intervención de las autoridades de algunas comunidades donde se ha aplicado justicia indígena; son casos particulares que tienen que ver con aspectos de conflictos de terrenos, pagos de deudas y otros problemas, informó el Fiscal del Cañar, Romeo Gárate.
Las denuncias van dirigidas en contra de determinadas personas y dirigentes comunitarios y, ante ello, la Fiscalía está estableciendo el nexo causal, para determinar si la conducta de los involucrados se adecua a un tipo penal, señala Gárate.
“Es una investigación difícil, toda vez que los denunciados arguyen que ellos están haciendo valer los principios consagrados en la actual Constitución, respecto a la justicia indígena”, subraya.
En los casos denunciados en la Fiscalía, las personas en contra de quienes pesa la acusación han manifestado que éstos fueron resueltos utilizando el procedimiento de la Justicia Indígena.
Ante esta realidad, Gárate considera que para evitar estas disputas es importante que se resuelva de forma definitiva el ámbito de aplicación de la justicia ordinaria y de la justicia indígena, con el fin de viabilizar lo establecido en la Constitución.
Así se evitaría que de parte a parte exista fundamentación constitucional, misma que los fiscales tienen que someter a una valoración y compaginar con los elementos de convicción recogidos durante la investigación.
Investigación
Con respecto a este tipo de denuncias, la Fiscalía tiene la obligación jurídica procesal, cuando se presenta alguna denuncia, de abrir una indagación con el objeto de acopiar elementos de convicción.
La labor que realiza el Fiscal como director de la investigación requiere el apoyo y la ayuda de los auxiliares de la investigación como son los policías judiciales, para que se proceda conjuntamente a realizar las investigaciones.
El acopio de elementos de convicción permitirá establecer, en primer lugar, si existe o no un delito, y si ese es el caso se procede a establecer quienes son los partícipes del mismo.(DCC)-(I)
ALGUNOS DE ESTOS CASOS
– El 26 de marzo de este año, supuestos pandilleros permanecían retenidos, en una comunidad del cantón Cañar, para liberarlos, centenares de comuneros que se movilizaron hasta la Gobernación del Cañar, pidieron a las autoridades de la provincia les entreguen a los supuestos líderes de la pandilla, como así ocurrió.
– El 18 de mayo, en el informe semanal que dio el intendente, Juan Sánchez, indicó que en el sector de San Pedro, del cantón Cañar, se mantenía retenido por comuneros un supuesto coyote.
– En Suscal, en la comunidad de Collauco, tres personas permanecieron retenidas por el espacio de 20 días. Fueron liberadas por la intervención de la Policía. Los retenidos estaban relacionados con la excooperativa de ahorro y crédito Sumak Yari, a quienes los comuneros exigían la devolución de sus ahorros.
DETALLE
Mesa de justicia
En la última reunión que mantuvo la Mesa de Justicia del Cañar se analizó los actos cometidos por un grupo de personas del autodenominado Consorcio de Comunidades Indígenas y Campesinas de Cañar, quienes habrían actuado al margen la Ley y la Constitución, informó el director provincial del Consejo de la Judicatura, Juan José Ortega.
“Hay varios casos denunciados en Fiscalía de ciudadanos que han sido víctimas de secuestro, chantaje, extorsión y amenaza por parte de esta organización campesina indígena, que en nombre de la justicia indígena intimidan a la población” advirtió, el funcionario. www.elmercurio.com.ec