Vista panorámica del campamento del proyecto minero San Carlos-Panantza. Su presencia a provocado conflicto con las comunidades que se resisten a la minería
Al reciente escándalo de las glosas desvanecidas en la Contraloría, se suma otro relacionado con una auditoría ambiental a las mineras chinas EcuaCorrientes y Explorcobres, a cargo de los proyectos mineros Mirador y San Carlos-Panantza, respectivamente. En 2013, la Contraloría recomendó revertir las concesiones de esos proyectos. Pero no se cumplió. El Pueblo Shuar Arutam demandó a dos ministerios ante la Corte Constitucional por ese incumpliento. Y en la audiencia del pasado 15 de abril, la Contraloría se retractó a sí misma.
Todo comenzó en 2011. En ese año, la Contraloría hizo una auditoría ambiental a la gestión de los ministerios de Ambiente y de Minas (hoy Recursos Naturales no Renovables) en relación a los proyectos mineros adjudicados a dos empresas chinas en la Cordillera del Cóndor: Mirador y San Carlos-Panantza. Fue un pedido de las organizaciones de la sociedad civil.
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Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, está operado por la empresa china- ecuatoriana EcuaCorrientes S.A. (ECSA). Es una mina a cielo abierto con reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata. Su explotación arrancó en julio de 2019 y con ello inició la megaminería en Ecuador. Mirador, San Carlos-Panantza, Fruta del Norte, Loma Larga y Río Blanco son los cinco proyectos estratégicos mineros a gran escala San Carlos-Panantza está situado en los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, en la provincia de Morona Santiago. Desde 2006, está a cargo de la compañía china Explorcobres S.A., (EXSA), que a su vez es subsidiaria de Corriente Resources Inc. de Canadá. La minera prevé explotar un yacimiento de aproximadamente 6,6 millones de toneladas de cobre. El proyecto está en la fase de exploración avanzada y se encuentra paralizado.
Mirador y San Carlos-Panantza están asentados en la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa con alta biodiversidad. La primera comprende 9.928 hectáreas y la segunda 23.660 hectáreas de superficie. Ambas han generado gran resistencia en las comunidades indígenas que habitan en su entorno, en especial del Pueblo Shuar Arutam.
Por ese motivo, en 2010, la CEDHU y Acción Ecológica solicitaron a la Contraloría que intervenga en la concesión de Mirador pues denunciaron que este proyecto carecía de estudios sobre su impacto ambiental y su afectación a las comunidades cercanas, que no habían sido consultadas. El análisis se extendió también al proyecto San Carlos-Panantza.
El Pueblo Shuar Arutam representa a 10.000 habitantes en la Cordillera del Cóndor. Foto: Cortesía Lluviacomunicación
Mirador y San Carlos-Panantza han generado gran resistencia en las comunidades indígenas que habitan en su entorno, en especial del Pueblo Shuar Arutam.
Informe del 2013 de la Contraloría sobre las concesiones de Mirador y San Carlos-Panantza. Clic photo arriba para ver informe completo
El organismo de control aprobó un informe el 24 de septiembre de 2013, donde recomendó al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables la evaluación de las concesiones mineras de Mirador y San Carlos-Panantza y que se las revierta al Estado; asimismo le pidió un estudio -en coordinación con el Ministerio de Ambiente- para identificar las concesiones mineras que afecten a nacimientos y fuentes de agua con el fin de preservarlos.
A Ambiente le recomendó además la suspensión de licencias u otros actos administrativos a los titulares mineros del proyecto San Carlos-Panantza hasta que se superen los conflictos sociales. En 2011, el Gobierno entregó la licencia ambiental al proyecto que afectaba a varios centros shuar como Tink, Tsuim, Nankintz, Tsumtsuim Tsuim, Guapis y San Carlos de Panantza. La Contraloría, por ese motivo, recomendó a esta cartera que coordine un “proceso documentado de negociación y mediación de conflictos” entre los actores sociales para mejorar la relación entre la empresa, el Estado y la comunidad.
Demanda del 2017 del Pueblo Shuar Arutam por el incumplimiento del informe de la Contraloría del 2013. Ciic photo para ver Demanda
Pero esas recomendaciones no se cumplieron, según los demandantes, y el conflicto se agravó. En el caso de San Carlos-Panantza, los episodios más violentos ocurrieron en 2016. Después de que los habitantes de la comunidad Nankints se tomaran el campamento La Esperanza de la empresa china, policías y militares incursionaron en este territorio. Hubo enfrentamientos que dejaron un policía muerto y varios militares y shuar heridos. El conflicto también provocó desplazamiento forzado de estas poblaciones indígenas e incluso la desaparición de una de ellas, Nankints. Según el Pueblo Shuar Arutam, 35 familias sufrieron desalojo forzoso entre agosto y diciembre de 2016. Entre los desplazados hubo 95 niños y adolescentes. En 2017, el Pueblo Shuar Arutam demandó ante la Corte Constitucional (CC) a los dos ministerios por el incumplimiento del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece que las recomendaciones de ese organismo deben ser cumplidas por las instituciones del Estado “de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”. La Corte admitió la demanda el 16 de abril de 2018. Pero la audiencia se convocó recién para el pasado 15 de abril de 2021.
Informes inesperados en plena audiencia Ni el Pueblo Shuar Arutam ni sus defensores contaron con la presentación de dos inesperados documentos en la audiencia de la CC que se llevó a cabo el pasado 15 de abril, vía telemática. Tanto el Ministerio de Ambiente como el de Recursos Naturales no Renovables presentaron, cada uno, informes de Contraloría elaborados entre 2019 y 2020. Es decir, a los seis y siete años de las recomendaciones y a dos y tres años de los conflictos más graves en la Cordillera del Cóndor. Estos nuevos informes de la Contraloría declararon que sus propias recomendaciones del 2013 fueron algunas ya “cumplidas” y a otras las consideró como “no aplicables”. Un funcionario de la Contraloría dio la noticia en la audiencia, contó Mario Melo, de la Fundación TIAM y abogado del Pueblo Shuar Arutam, a PlanV.
Los dos informes analizan el mismo periodo 2013-2019. El de Recursos Naturales no Renovables fue aprobado en agosto de 2019 y realizado por la Dirección Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría. Allí, la misma institución se desdice sobre los puntos relacionados con la reversión de las concesiones al Estado.
Vista del corte en la mina del proyecto Mirador. El impacto es visible. Foto: Tamya Calderón / PlanV
Informe de la Contraloría, del 2019, sobre el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Ver PDF En ese documento, la Contraloría afirma que la recomendación de revertir la concesión minera de Mirador por estar dentro del Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor ya no es aplicable pues esa reserva fue declarada en 2005, 10 años después de la concesión. En el 2013, la Contraloría pidió que se aplique el Mandato Constituyente 6, que declaraba la extinción de las concesiones mineras en áreas protegidas y aquellas en las que una persona o empresa tuviera más de tres. Pero el nuevo informe de Contraloría, de 2019, acogió los argumentos de Recursos No Renovables al decir que ese Mandato ya no está vigente y que la actual Ley de Minería, emitida en 2009, permite concesiones en áreas protegidas. Pero en 2013, la Contraloría recalcó que ese Mandato se encontraba vigente.
Informe de la Contraloría, del 2019, sobre el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Clic photo para ver documento completo
Los ministerios, avalados por la Contraloría, refutaron el informe de 2013 al decir que Mirador solo tiene dos concesiones madre, que luego se han dividido hasta cuatro. En 2013, la Contraloría concluyó que Mirador tenía cuatro concesiones - Curigem 18, Curigem 19, Mirador 3 y Mirador 4-, por lo tanto, Mirador 4 debía volver a manos del Estado. El nuevo informe de Contraloría dijio que el Mandato 6 ya no está vigente. Pero en el 2013, afirmó lo contrario. Sobre San Carlos-Panantza, la Contraloría pidió en el 2013 que también sea revertida al Estado pues EXSA tenía más de tres concesiones. Este proyecto tiene 13 concesiones en total. Al igual que con Mirador, los funcionarios de la época esperaron a la sentencia de la CC de 2016 sobre otro caso en Azuay que reclamaba también el incumplimiento del Mandato 6. La CC rechazó la demanda. Ahora la Ley Minera, dice la Contraloría en su reciente informe, no señala límites máximos para otorgar concesiones a una sola persona natural o jurídica.
nforme de la Contraloría, del 2020, sobre el Ministerio de Ambiente. Clic photo para ver informe completohttps://www.radiolimon.net/forum/lemmon-leaks/informe-de-contraloria-sobre-concesiones-mineras-mirador-san-carlos
“Es una interpretación cuestionable porque el Mandato 6 cuando se lo emitió provenía de la Constituyente y tenía rango constitucional. Luego la Corte Constitucional correísta interpretó que tenía rango de ley orgánica y según lo que dice la Contraloría, la Ley de Minería de 2009 lo habría reformado. Todo esto es una interpretación a posteriori y a conveniencia del sector minero”, acotó el abogado de las comunidades, Mario Melo.
Según la Contraloría, el Ministerio Recurso Naturales no Renovables ha cumplido con seis de las nueve recomendaciones que hiciera en 2013, entre ellas la definición de los límites de las concesiones y la colocación de hitos, así como la creación de un consejo consultivo para garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en las políticas mineras. En 2013, la Contraloría dijo que eso limitaba la participación de los diferentes actores del área de influencia de los proyectos mineros.
Pero el organismo de control no detalló ni cómo ni cuándo el Ministerio hizo estas acciones. Solo menciona que llegó a esa conclusión con base en los documentos de descargo presentados por las autoridades de turno, detalladas en un anexo 2 que no es público. PlanV solicitó una entrevista con Valentina Zárate, contralora General Subrogante, pero su equipo de comunicación informó que ella no dará entrevistas sobre ningún tema hasta nueva orden. Zárate reemplazó a Pablo Celi, quien fue detenido el pasado 13 de abril por supuestamente desvanecer glosas con contratistas del Estado.
El informe de la Contraloría sobre el Ministerio de Ambiente es más reciente. Fue aprobado el 17 de julio de 2020, año de la pandemia. Según este, Ambiente cumplió con nueve de las 15 recomendaciones. Entre ellas, que Ambiente hizo un seguimiento al cumplimiento de las licencias ambientales y de las actividades mineras para que no afecten el Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor. Asimismo, difundir información pública de los estudios de impacto ambiental del proyecto Mirador, hacer un seguimiento para que la ubicación de infraestructura minera no afecte propiedades privadas, crear un expediente de los procesos de participación social, verificar que cumplan con toda la documentación para la licencia ambiental, entre otros puntos. En el informe de 2020, la Contraloría afirma que cinco recomendaciones a Ambiente no son aplicables. Dentro de esta categoría, está una relacionada con la creación de una comisión mediadora para los conflictos de tierras que hubo con los pobladores aledaños al proyecto Mirador. Pero Ambiente respondió que no estaba en sus competencias mediar conflictos socio ambientales. Pero eso recién lo informó a la Contraloría en 2017, cuatro años después de las recomendaciones. El desalojo, por ejemplo, de Tundayme ha sido uno de los mayores conflictos con esta minera. La audiencia del 15 de abril fue corta y reservada. Según la ley, las audiencias en la CC son públicas y cada parte tiene 20 minutos para explicar sus argumentos y 10 minutos más para la réplica. También está permitida la intervención de quienes presenten amicus curiae. Pero en este caso, la Corte prohibió a los abogados que compartan el link del zoom, pues la audiencia fue virtual. “Esto perjudica a un pueblo, porque es una demanda colectiva”, dijo Melo. Además, solo se dio siete minutos a las partes para su intervención, tres minutos para la réplica y cuatro para los amicus curiae.
La recomendación que desapareció de los informes Hay una recomendación, la número 21, que la Contraloría hizo para los dos ministerios en 2013. Esta decía que ambas carteras debían determinar “las acciones para realizar un estudio que permita la identificación de las concesiones mineras que afecten a nacimientos y fuentes de agua en procura de su preservación”. Esta observación tiene apenas una mención en el informe de 2019 de Recursos Naturales No Renovables, donde asegura que sí se cumplió. En el informe de Ambiente, de 2020, la Contraloría ni siquiera la menciona. Melo afirmó que estos informes de la Contraloría se hicieron en medio de la pandemia sin trabajo de campo, sin argumento válido y apresurados. “En la coyuntura por la que atraviesa el Ecuador, en la que la credibilidad de la Contraloría está seriamente menoscabada, la Corte debe constatar si efectivamente las recomendaciones de 2013 fueron cumplidas o si efectivamente no eran aplicables”.
La presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, reafirmó en la audiencia que las recomendaciones nunca fueron cumplidas e invitó a la Corte a visitar su territorio para constatar la realidad. En una entrevista con PlanV, contó que llamó mentiras a las afirmaciones de la Contraloría. “¿En qué momento ha hecho estudios el Ministerio de Ambiente?, ¿con quién consultó Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero)?, ¿con quiénes se reunieron?”, preguntó. La líder shuar recalcó que ningún ministro o sus delegados se han reunido con los centros shuar, con el Pueblo Shuar Arutam, la Confeniae o la Conaie, a la que pertenecen estas comunidades indígenas (lea el testimonio completo más adelante). Tunki, por su lucha, ha sido amenazada por otra empresa minera que está en territorio shuar.
“¿En qué momento han hecho estudios el MAE?, ¿con quién consultó Arcom?, ¿con quiénes se reunieron?”, preguntó Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam.
Los demandantes solicitaron a la Corte que dicte el incumplimiento porque las recomendaciones debieron ejecutarse de forma inmediata, no después de tantos años. Melo recordó que, en 2017, el Pueblo Shuar Arutam pidió a los dos ministerios que cumplan las observaciones de la Contraloría, pero estos ni siquiera les contestaron. “La actitud de la Contraloría en este caso necesita ser aclarada y transparentada. Es malo para la democracia que estas garantías se demoren tantos años”. La respuesta de la Corte debió ser inmediata, según lo establece la norma. El artículo 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dice que, una vez realizada la audiencia, el Pleno dictará sentencia en el término de dos días. Los demandantes esperaron conocer el lunes 19 de abril la resolución, pero no sucedió. “La justicia constitucional es tan lenta que da la posibilidad de que las instituciones generen esta información para tratar de desvirtuar las responsabilidades que les compete por el incumplimiento de la ley”, dijo Melo, quien explicó que esta demanda tiene el afán de buscar el respeto a la Constitución y de los pueblos de la Amazonía. Pero en este caso, de nuevo, la justicia ha tardado.
“Nuestro territorio fue siempre de interés del Estado por sus riquezas”
Testimonio: Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam
Josefina Tunki. Foto: Lluviacomunicación
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) está conformado por 6 organizaciones, 47 centros, con una población aproximada de 10.000 habitantes. Estamos ubicados en los valles de los ríos Zamora, Santiago y muchos otros más que nacen de la Cordillera del Cóndor. Nuestro territorio fue siempre de interés del Estado por las riquezas que existen en el subsuelo, la minería, los bosques, los ríos, la medicina.
Estuve en la audiencia de la Corte Constitucional, (vía zoom) desde la ciudad de Gualaquiza. La Contraloría dijo que el Ministerio de Ambiente (MAE) ya ha hecho todo el levantamiento de información y que en resumen no existe nada de contaminación. También dijo que no hay ningún perjuicio a las comunidades. Yo dije que eso es mentira porque las empresas chinas están encima de esos ríos.
Ahora estos ríos se ven puro lodo y sucios, cuando antes eran cristalinos. En el río Zamora, la gente no se puede bañar, le sale sarpullidos en el cuerpo. Antes el río Santiago era nuestra piscina de peces, ahora ya no. ¿En qué momento han hecho estudios el MAE?, ¿con quién consultó Arcom?, ¿con quiénes se reunieron? Los centros shuar pertenecen a PSHA, la Confeniae y a la Conaie. Pero en ningún momento los ministros ni sus delegados se han acercado a nosotros. Ni siquiera el Gobernador, que es el representante del Gobierno.
Foto: Cortesía Lluviacomunicación Esto ha generado muchos problemas sociales en nuestras comunidades. Hay familias fueron desalojadas de Nankints y hasta ahora no tienen terreno. Se quedaron sin territorio. Están persiguiendo a los líderes de PSHA, recientemente fueron citados tres. Engañan a las bases con pequeñas dádivas, los convencen y siguen ingresando (las mineras).
https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-contraloria-no-solo-desvanece-glosas-sino-auditorias-ambientales-sobre-mineras