Es muy común receptar quejas sobre la ineficiencia en el sector público y, claro, también en el sector privado. Sin generalizar, puesto que tanto en el ámbito público y privado existen buenos y malos funcionarios, empleados y obreros, cabe plantearnos si la responsabilidad por la ineficiencia recae en ellos personalmente o en un sistema que se predispone para una mala prestación de servicios.
Desde mi modesto punto de vista, la culpa no recae en las personas sino en el sistema. Y también considero que el sistema adecuado puede cambiar el chip de las personas y volverlas más productivas, eficientes y prósperas. No podemos valernos de muletillas que tildan a la gente de ociosa o con ausencia de visión, cuando hemos sido testigos de que esas mismas personas cuando han trabajado en un sistema más productivo, han logrado un rendimiento superior al esperado.
El sistema actual que predomina en el sector público se basa principalmente en un salario fijo considerado como una “conquista irrenunciable”. No existe la exigencia de que el salario sea la compensación por el cumplimiento de una meta u objetivo en cantidad y calidad de desempeño. Tampoco existe un sistema de recompensas o incentivos basados en la superación de esas metas u objetivos, en donde el mayor aporte a la generación de riqueza sea sinónimo de más ganancia. Y también donde el cumplimiento ineficiente sea castigado con un pago proporcional al desempeño.
Guardando distancia de los buenos y abnegados funcionarios, empleados y trabajadores que hacen las cosas con moral y ética individuales, del actual sistema permisivo surgen por ejemplos los funcionarios de los de la mal llamada “Seguridad Social” (de que un alto funcionario del IESS me había confiado que tiene “mucho de social y nada de seguro”) que tratan al paciente como un número y no como una persona, que cuidan más del número de camas disponibles el centro hospitalario que de la vida de los pacientes, que recetan paracetamol e ibuprofeno para todos los males cual si fuera panacea, que se preocupan más del destino banal que harán con el salario que se les asigna sea cual fuere el resultado de sus trabajos antes que lo que harán por mejorar las condiciones de salud del paciente; de ahí surgen los abogados asignados por el estado a las personas de escasos recursos a quienes les da igual la suerte del procesado, que comparecen sin siquiera estudiar la causa para formalizar una injusticia aún en ausencia de su representado a quien ni siquiera conocen, ni hacen esfuerzos por conocerlo y defenderlo dignamente, que comparecen solo para que la audiencia convocada en oscuro contubernio no se declare fallida y pueda el Consejo de la Judicatura exhibir orgullosamente sus estadísticas de audiencias realizadas y causas resueltas sin medir la calidad del producto que ofrecen como la octava maravilla del mundo, que comparecen a las diligencias judiciales con la mente en otro lado, no pensando en el bienestar de su representado sino en el destino que darán al sueldo que sea cual fuere su desempeño, igual se le acreditará a fin de mes.
¿Se imagina, estimado lector, qué pasaría si cambiásemos el sistema por uno que recompense el trabajo bien hecho y que castigue el trabajo deficiente o mal hecho? ¿Qué pasaría si además de ello se permita competir al sector público con el sector privado eliminando monopolios estatales, en condiciones de igualdad y dejando a la libre elección del usuario el servicio público o privado que bien tenga, pagándolo si no tuviera medios para hacerlo a través de un voucher que el estado u otra institución pública o privada le facilitaría cuando se demuestre la falta de recursos a través de un estudio de entorno social, pudiendo así pagar una clínica u hospital privado, seguridad privada o un abogado particular si así lo viera conveniente? Considero que ese sistema, de libre competencia, revolucionaría el servicio público, obligándolo a competir y permitir cada vez mejores prestaciones a los usuarios.