José Eduardo Maldonado, fiscal de la Unidad especializada de Personas y Garantías de Pichincha, reformuló cargos por presunto delito de asesinato dentro del proceso penal abierto en contra de dos militares en servicio activo, Vicente Alejandro N. y Wilson Germán R., en el denominado caso 30-S, en el que falleció el servidor policial Froilán Jiménez.
En la audiencia de reformulación de cargos, realizada este 10 de diciembre de 2018, la Fiscalía presentó cerca de 20 elementos de convicción y diligencias, entre ellos: el informe ocular técnico de reconocimiento de indicios levantados en la Brigada Militar Patria; dos fusiles HK calibre 5.56 mm; los libros de vida del armamento que se encuentra bajo custodia militar; informes de audio y vídeo sobre los hechos que se suscitaron ese día; pericias balísticas y de la trayectoria de la bala que mató a Froilán Jiménez; versiones de testigos; reconstrucción en 3D del lugar de los hechos; la identidad fisonómica de los procesados, mismos que hacen presumir la existencia del delito que se investiga.
Durante la diligencia, la jueza Ximena Rodríguez acogió el 11 de diciembre 2018 Edición No. 219 pedido de la Fiscalía y con el fin de asegurar la presencia de las personas procesadas (Vicente Alejandro N. y Wilson Germán R.) les dispuso la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse una vez cada 15 días en la Fiscalía que conoce la causa. La instrucción fiscal se amplió 30 días más.
Según las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, entre las 22H00 y 22H30 del 30 de septiembre del 2010, dentro de una operación de rescate al expresidente Rafael Correa, en los alrededores del hospital de la Policía Nacional y del Regimiento Quito, se suscitaron incidentes entre miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en los que falleció el policía Froilán Jiménez, quien recibió un disparo de arma de fuego que atravesó su chaleco antibalas.
Cabe destacar que el 5 de septiembre de 2018, la Fiscalía inicialmente formuló cargos contra los ciudadanos Vicente Alejandro N. y Wilson Germán R., por el delito de ejecución extrajudicial. Sin embargo, en la audiencia de este lunes Fiscalía reformuló cargos por el presunto delito de asesinato estipulado en el artículo 140, numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que establece una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular o calamidad pública.