Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, y René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), fueron detenidos. La Fiscalía General de Ecuador lo informó la madrugada de este viernes 5 de junio del 2020. Las detenciones se efectuaron por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí, señaló la entidad. Agentes de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional efectuaron allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía De Caráquez, en las últimas horas.
El 14 de mayo la Fiscalía y la Policía ejecutaron la denominada operación Fortuner, con nueve allanamientos en Pedernales, Portoviejo y Calceta.
En esa redada fue detenido Jean B., asesor del asambleísta manabita Daniel Mendoza, y otras ocho personas, por irregularidades en la adjudicación hecha en 2019 para la construcción del Hospital Básico de Pedernales (Manabí), por USD 16 millones.
Entonces, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que en el caso Fortuner se decomisaron USD 1 694 720,80, la mayoría de ese dinero en cheques y USD 662 191,70 en efectivo; además de armas de fuego, municiones, sellos de instituciones públicas, dispositivos electrónicos y documentos.
Según la Contraloría, USD 8,2 millones destinados en 2019 para la construcción del Hospital provenían de la cuenta para la reconstrucción de Manabí. El Consorcio Pedernales-Manabí, a cargo de ejecutar la obra, retiró USD 7,3 millones, como anticipo. Pero no se registraron avances en el proyecto.
La Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob), entidad responsable de la contratación, administración y fiscalización de obras del Estado.
El ente de control de cuentas descubrió que los funcionarios a cargo de la adjudicación habían descalificado ofertas de empresas extranjeras “sin motivos” y que no aceptaron los documentos que avalaban la experiencia de estas constructoras. Los auditores señalaron que la oferta del Consorcio Pedernales-Manabí debía ser anulada, porque su experiencia "se calificó sobre la base de certificados inválidos”. Por ejemplo, el procurador común del Consorcio también es gerente general de una compañía subcontratista, “lo que está prohibido”.
Esta supuesta red de corrupción también es investigada por la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez (Manabí).
