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POLICÍA QUE PEDÍA DINERO A CONDUCTOR, APRESADO. ENFRENTA 5 AÑOS DE CÁRCEL

Por tratarse de un delito contra la eficiencia de la administración pública, el procesado se encuentra con prisión preventiva.

El oficial de policía enfrente pena de hasta 5 años de prisión de ser declarado culpable. Fotografía explicativa de un soborno


Latacunga (Cotopaxi), 21 de enero de 2020.- La Fiscalía Provincial de Cotopaxi formuló cargos en contra de Diego C., servidor policial en servicio activo, por su presunta participación en el delito de concusión.


En la audiencia de calificación de flagrancia, la fiscal del cantón Salcedo, Margarita Díaz, expuso los elementos de convicción recabados. El Juez acogió el pedido de Fiscalía y le dictó prisión preventiva, para garantizar su presencia en un posible juicio.


El hecho ocurrió el pasado 16 de enero. El policía, que prestaba sus servicios en el cantón Salcedo, habría solicitado 150 dólares a un ciudadano para no imponerle una multa de tránsito. Para ello, le habría pedido sus documentos personales, como la cédula de identidad y la matrícula del vehículo; además le habría indicado que le llame a su teléfono celular para concretar la entrega del dinero.



Al día siguiente, la víctima se contactó con la Policía para informar la mala actuación del agente. La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), junto con personal de la UNIP-Cotopaxi-DGI y la fiscal Díaz ejecutaron el operativo que dio como resultado la aprehensión del hoy procesado.



También, Fiscalía llevó cabo las diligencias pertinentes, como el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento de evidencias, toma de versiones, entre otras.


Diego C. es procesado por el presunto delito de concusión, tipificado y sancionado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La instrucción fiscal durará treinta días, tiempo en el cual Fiscalía profundizará las investigaciones.



De declararse su culpabilidad, podría ser sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.


Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, el servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.



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